Un contrato para ampliar la carretera Cito-Zarco, una vía estratégica que conecta la Costa Sur con el altiplano guatemalteco en aproximadamente una hora, fue adjudicado por la Dirección General de Caminos (DGC) sin que el proyecto contara con el aval técnico completo de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), de acuerdo con una investigación periodística basada en documentos de portales oficiales.
Según reportes periodísticos, salvo algunos tramos que ya cuentan con carriles de ascenso, la carretera es actualmente de dos carriles, uno por sentido, y el aumento del tránsito de vehículos livianos y pesados ha provocado congestionamientos recurrentes que afectan la circulación. Por esa razón, desde hace años se plantea su ampliación, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado y facilitar tanto el transporte de mercancías como el flujo turístico.
El 23 de diciembre de 2025, la DGC —dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)— sacó a licitación la construcción de un carril de ascenso de 35 kilómetros, desde el kilómetro 178 en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, hasta el kilómetro 213 en Zunil, Quetzaltenango. En el concurso, que recibió ofertas el 16 de abril, participaron cuatro empresas; dos fueron descalificadas por no cumplir los requisitos fundamentales, y de las dos restantes resultó ganadora Proyectos Generales y Construcciones, S. A. (Progeyco), mientras que Concretos y Dragados, S. A. —que había ofertado Q92.7 millones menos— fue excluida porque, según los documentos de Guatecompras, consignó erróneamente un renglón de trabajo y no acreditó suficiente experiencia del ingeniero propuesto como superintendente del proyecto.
Progeyco ganó finalmente la licitación por Q459 millones 996 mil, un monto ya avalado por la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, aunque el contrato todavía no se ha publicado en Guatecompras.
Lo que llama la atención del proceso, según la investigación, es que la licitación y la adjudicación —concretada el 28 de abril— se realizaron sin que el proyecto contara con el aval técnico de la Segeplan. Una revisión de los registros del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) muestra que existen dos boletas asociadas al proyecto: una de 2019, que fue la utilizada como soporte del proceso de licitación, y que había sido rechazada por la Segeplan el 10 de julio de ese año porque el proyecto se presentó apenas "a un nivel de idea", sin estudios de preinversión que permitieran un análisis técnico adecuado; y otra más reciente, registrada en 2026, que hasta el momento no ha recibido el 100% de los avales requeridos. El CIV no respondió a una solicitud de explicación sobre por qué se utilizó la boleta desactualizada de 2019 para sustentar el proceso.
El expediente más reciente permanece "con requisitos pendientes" en el portal del SNIP, con un listado de 24 observaciones señaladas por los técnicos de Segeplan el pasado 16 de julio. Entre ellas figuran la falta de documentación que acredite la disponibilidad del derecho de vía, inconsistencias en el costo total y en la longitud del proyecto —que en distintos documentos aparece como 33, 34.795 y 35 kilómetros—, la ausencia de coordenadas del trazo, la falta de timbres profesionales en los planos estructurales, la necesidad de verificar permisos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas por la cercanía del proyecto con un área protegida, y la falta de presupuesto asignado para sustituir el puente Santa María de Jesús, que según el estudio de estructuras debe ser reemplazado por completo. También se señalan incongruencias en las metas, los renglones de trabajo, los costos de supervisión, la entidad responsable del mantenimiento futuro y la falta de constancias de colegiado activo de los profesionales que firman los documentos técnicos.
Consultada al respecto, la Segeplan indicó que, tras emitir la opinión técnica pendiente, hasta la tarde del 8 de septiembre no había recibido un nuevo ingreso del expediente, por lo que no es posible determinar si las observaciones fueron atendidas. La secretaría aclaró que su función se limita a la evaluación técnica de los proyectos de inversión pública y que no le compete administrar, autorizar o suspender los procedimientos de contratación, una responsabilidad que —señaló— corresponde a la entidad contratante, la cual debe verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos antes de continuar con cada etapa del proceso. La Segeplan remitió además al artículo 26 de la Resolución 001-2022 del Ministerio de Finanzas, que establece qué documentos deben publicarse en Guatecompras para acreditar que una obra cumple con los indicadores de la iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST), entre ellos el estudio de factibilidad aprobado conforme a los lineamientos de Segeplan.
De acuerdo con la misma investigación, este patrón —en el que un proyecto de infraestructura avanza pese a tener avales técnicos pendientes— ha sido señalado anteriormente como uno de los factores que explican por qué distintas obras públicas en Guatemala fracasan o quedan inconclusas: cuando una constructora ya inició excavaciones o recibió anticipos, suelen aparecer factores de riesgo no previstos, como terrenos inapropiados o trazos que afectan propiedad privada. Analistas consultados en el pasado por este medio han señalado que, en muchos de estos casos, el interés político por mostrar avances de obra —sobre todo cerca de procesos electorales— termina pesando más que las consideraciones técnicas. La investigación indica que el CIV tampoco respondió a una consulta sobre qué ocurrirá con esta adjudicación ante los posibles errores relacionados con el uso de una boleta desactualizada y el incumplimiento de los requisitos técnicos del proyecto.
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