Luego de más de cuatro meses de completa parálisis en el expediente judicial sobre los cuestionados acuerdos de colaboración eficaz del caso Odebrecht, la Sala Tercera de Apelaciones Penal finalmente ha reaccionado. El pasado lunes 9 de junio, notificó que este jueves 12 de junio a las 11:00 horas se celebrará una audiencia crucial en la que se definirá el futuro de la jueza Judith Secaida, quien ha estado en suspenso desde una recusación pendiente desde octubre del año pasado.
La Sala, señalada por su cercanía con el diputado Felipe Alejos, tomó esta decisión apenas horas después de que Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, interpusiera un recurso de queja ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. En el documento, Sandoval exige que se obligue a los magistrados a resolver de inmediato la recusación contra Secaida, planteada desde hace más de siete meses por el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez-Ruiz, incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU.
El movimiento se da apenas días después de que la misma Sala Tercera reactivara sorpresivamente el caso, no para resolver lo pendiente, sino para emitir más de 20 órdenes de captura, lo cual ha sido calificado como ilegal y un acto de persecución política, según expertos constitucionalistas.
Entre las órdenes emitidas destacan nombres de alto perfil como Iván Velásquez —excomisionado de CICIG y actual embajador de Colombia ante el Vaticano— y Luz Adriana Camargo, actual Fiscal General de Colombia.
También se incluyó a exfiscales, abogados y otros actores relevantes que participaron en los acuerdos firmados durante la gestión anterior.
La Sala, ¿juez o parte?
El caso Odebrecht, destapado en Guatemala en 2018 por la FECI y la extinta CICIG, reveló una red de sobornos por más de 18 millones de dólares que la empresa brasileña pagó a cambio de contratos de obra pública.
Entre los beneficiados están figuras como Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones del gobierno Patriota, y Manuel Baldizón, excandidato presidencial del partido Líder. Aunque ambos fueron favorecidos con cierres procesales, sus casos aún están pendientes de una resolución definitiva.
La jueza Judith Secaida estuvo a cargo del expediente hasta que Méndez-Ruiz planteó la recusación el 17 de octubre de 2023. Desde entonces, la Sala Tercera debía decidir si procedía apartarla o no. La audiencia fue fijada para enero, pero luego suspendida sin reprogramación, lo que provocó un limbo jurídico y denuncias de manipulación política del proceso.
A pesar de que la recusación no ha sido resuelta, los magistrados asumieron competencias exclusivas del juez contralor y emitieron órdenes de aprehensión, algo considerado como una violación al debido proceso.
Sandoval denuncia parálisis deliberada
En su recurso, Sandoval exige a los magistrados Gustavo Morales Duarte, René Girón Palacios, Luis Corado Campos y Jenny Alvarado Tení —integrantes de la Cámara Penal— que exijan un informe completo sobre el estancamiento del proceso y ordenen una fecha inmediata para resolver la recusación de Secaida.
Además, advierte que las decisiones tomadas por la Sala sin resolver esa recusación pueden tener consecuencias legales, pues afectan el derecho a un proceso justo y podrían derivar en responsabilidades para los magistrados involucrados.
El pasado de la Sala Tercera no ha estado exento de polémicas. Desde la llegada de sus actuales integrantes en octubre, sus fallos han generado controversia, incluyendo la liberación del abogado David Barrera, implicado en el mayor caso de defraudación fiscal mediante empresas de cartón en el país.
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