
Un tribunal en Washington, D.C. concedió al Departamento del Tesoro de EE. UU. la solicitud de no contestar formalmente la demanda interpuesta por Miguel Martínez, exjefe del extinto Centro de Gobierno, tras ser incluido en la lista negra financiera de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Revés legal para Martínez

El pasado 18 de abril, los abogados del Tesoro presentaron una moción para omitir su respuesta legal inicial a la demanda de Martínez. La defensa del exfuncionario aceptó, y el 22 de abril, la jueza Beryl A. Howell aprobó la moción.
Esto significa que el proceso continuará sin una defensa tradicional, pasando directamente a la fase de juicio sumario administrativo, donde cada parte presentará mociones para que el caso se resuelva con base en documentos y no en un juicio oral.
¿Qué es el juicio sumario?

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., un juicio sumario es una modalidad para resolver disputas legales sin necesidad de juicio completo. Aunque no es vinculante, su resultado puede influir en un acuerdo definitivo entre las partes.
El Tesoro tiene como fecha límite el 19 de septiembre de 2025 para presentar sus argumentos por escrito y defender la inclusión de Martínez en la lista OFAC.
Antecedentes de la sanción

Martínez fue incluido en la lista negra el 1 de diciembre de 2023, según el Federal Register, por su presunta participación en esquemas de corrupción y sobornos, incluyendo contratos públicos irregulares, como la compra de vacunas Sputnik V.
Su defensa alega que no enfrenta procesos legales en Guatemala y busca usar entrevistas de prensa para exculparse. Sin embargo, múltiples investigaciones periodísticas, incluyendo las de los medios de comunicación, lo vinculan con actos de corrupción durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
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