El veterano artista Julio Iglesias, con una carrera musical que abarca décadas y más de 300 millones de discos vendidos, ha sido objeto de acusaciones de presuntos actos de acoso y agresión sexual presentadas por dos exempleadas, quienes trabajaron para él en 2021 en diferentes residencias del cantante, incluidas propiedades en República Dominicana, Bahamas y España.
Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España a principios de enero, tras una investigación periodística que recogió testimonios y documentos. Las acusaciones incluyen, además de agresiones, posibles casos de explotación laboral, condiciones de trabajo irregulares y vulneración de derechos esenciales de las denunciantes.
Ante la creciente cobertura mediática, Iglesias accedió a dar una declaración a la revista Hola!, asegurando que “todo se va a aclarar” y que aún no es el momento de ofrecer un relato detallado, pues se encuentra preparando su defensa ante las acusaciones. Según Iglesias y su entorno cercano, los hechos denunciados no corresponden con su comportamiento, y su equipo ha negado “totalmente los hechos” mientras expresan su sorpresa por la situación.
Las autoridades han tomado medidas para garantizar la protección de las denunciantes, quienes podrían declarar como testigos protegidos debido a la diferencia de poder en la relación con Iglesias. La investigación aún se encuentra en fases preliminares, bajo secreto de sumario, lo que impide conocer detalles precisos sobre fechas y citas en sede judicial.
Este caso ha generado un intenso debate social y mediático, dado el perfil público de Iglesias y la gravedad de las acusaciones. Más allá de las repercusiones legales, las denuncias han vuelto a poner en el centro de atención el tema de la protección de las trabajadoras domésticas y los mecanismos de denuncia y justicia frente a posibles abusos de figuras de alto perfil.
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